Coca Codo Sinclair
Con ese nombre, o como Quijos, se conoce al mayor proyecto hidroeléctrico ecuatoriano inventariado desde 1972. En el gobierno del General Rodríguez Lara se inició la construcción de grandes obras hidroeléctricas y de regadío gracias a los nuevos ingresos generados con la producción de petróleo en el Oriente. El primero fue Pisayambo, pequeño comparado con la primera fase de Paute y de Agoyán que le siguieron. La Junta Militar que sucedió a Rodríguez y los gobiernos de Roldós y Hurtado continuaron con el plan de suplantar costosa generación termoeléctrica con la producida por aguas andinas en su descenso a la Costa o la Amazonia. En los gobiernos de Febres Cordero y Borja se contrataron la segunda fase de Paute y la generación en Daule-Peripa, pero se inició el desfase en el programa de construcción, mientras aumentaba el consumo eléctrico producto del mayor desarrollo nacional y mejor estándar de vida de los ciudadanos.
A partir de los noventa no solo aumentó la dependencia en generación térmica sino que se inició la compra de energía a Colombia y luego del Acuerdo de Paz, al Perú. Los grandes proyectos de Jubones, Toachi, Guayallabamba y Quijos quedaron en el olvido mientras el costo de la electricidad subía haciéndonos perder competitividad. Recién hace pocos años se inició la construcción de Mazar y San Francisco, en gran parte con los recursos generados por Paute y Agoyán. Es fundamental que el estado construya estos grandes proyectos pero no hay justificación para que se realicen sin seguir los procesos legales de contratación pública. Anteriores gobiernos, militares o civiles así lo han hecho.
En la prensa se ha anunciado que las empresas estatales Termopichincha de Ecuador y Energía Argentina S.A. (Enarsa) de ese país construirán el proyecto Coca Codo Sinclair para generar 1.500 megavatios. No se ha dado ningún proceso licitatorio para escoger la más idónea y mejor propuesta, ni para los diseños definitivos de la obra que esta ubicada en una región volcánica y telúrica, ni para construirla o financiarla. ¡Mucho cuidado! Esos convenios de construcción de “gobierno a gobierno” son excusa para limitar la competitividad y participación de empresas con mayor experiencia. Los diseños y construcción de Paute y Agoyán fueron realizadas por compañías italianas y suecas experimentadas en represas de montaña en sus países, seleccionadas con procedimientos legales y con créditos internacionales a largo plazo. ¿Qué han construido Enarsa o Termopichincha? ¿Qué crédito garantizan?
La prensa dice que según estimaciones del Presidente Correa, el país perderá 500 millones de dólares cada año mientras no funcione el proyecto. Puede ser, pero más perderá si la obra no está bien diseñada y construida. Más se podrá atrasar si por apuro, inexperiencia o corrupción se pretende contratar la mayor obra nacional a dedo sin un transparente proceso licitatorio. Nada justifica actuar fuera de la ley. A nadie se le exculpa el hacerlo, ni a dictadores.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO