Propaganda
Parece insólito que ante tanto problema de delincuencia, desempleo y corrupción, el Gobierno y la Asamblea estén empeñados en lograr la aprobación de una ley de comunicación, cuyo principal objetivo seria impedir la libre expresión de ciudadanos, cuya desilusión sobre los efectos y alcances del Socialismo del Siglos XXI es cada día más generalizada.
Todos los gobiernos han recibido críticas incisivas de los medios de comunicación, pero ninguno de los anteriores ha pretendido amordazarlos con una ley sancionadora. Es indudable que ocurren abusos y deficiencias en el trabajo periodístico, cuando la familia política de un nieto del Presidente Sixto Duran adquirió un préstamo de 300 mil dólares en la CFN, se hizo un desproporcionado escándalo que pretendía dañar la imagen del pulcro mandatario y su respuesta aclarando los hechos nunca tuvo la misma cobertura.
Si para algo se necesitaría una ley sería para corregir ciertas injusticias, pero sobretodo para limitar la excesiva Propaganda a la que el actual gobierno nos tiene sometidos, al puro estilo de los gobiernos fascistas de Europa en la primera mitad del siglo pasado. Ahora mismo, con el afán de difundir su proyecto de control de medios, tenemos que ver y oír repetitivas “cadenas” con las que el gobierno ataca a periodistas que critican sus deficiencias y exponen los casos de corrupción, que desafortunadamente, proliferan en un régimen que supuestamente debía ser de manos limpias y corazones ardientes.
Al gobierno no le basta con ser dueño, como ninguno antes en la historia, de varios medios televisivos, radiales y de prensa para difundir su ideología y hacer propaganda de sus proyectos políticos, y quiere también, con el proyecto de ley presentado, acallar los pensamientos que difieren y exponen el empobrecimiento de la población. Organizaciones y expertos nacionales e internacionales que estudiaron el proyecto han denunciado las limitaciones a la libertad de expresión, incongruencias e incluso tonterías y ridiculeces que este tiene. La misma extensa y revolucionaria constitución de Montecristi impide la existencia de un órgano juzgador, fuera de la Función Judicial, como el proyecto pretende con el Consejo de Comunicación e Información.
Ya es hora de que la Asamblea Nacional se despabile, que se dedique a trabajar a favor de los ciudadanos: es necesario que rectifique leyes que han desembocado en un insostenible aumento de la delincuencia y el desempleo, que inicie la importante labor de fiscalización, pues con el abuso de las declaratorias de emergencia y los inmensos ingresos estatales (por altos precios de petróleo y una elevada recaudación fiscal) la corrupción prolifera sin control alguno, en nombre de la Revolución Ciudadana.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicada en: Diario EL COMERCIO