Libertad de expresión
Sorpresa han causado las demandas del Presidente contra los autores de “El Gran Hermano”, el articulista Emilio Palacio y diario “El Universo”; a este medio incluso la acción judicial es por publicar la opinión personal del periodista. ¿Cuál es la lógica jurídica? ¿Cuál es el sentido político de hacer resonar el escándalo por millonarios contratos de Fabricio Correa y recordar los bochornosos eventos del 30 S?
Es posible que el mandatario este mal asesorado, por sus colaboradores o su mal genio, o que mi percepción política este totalmente errada, y que al pueblo le gusta las actuaciones agresivas y prepotentes del Presidente, en cuyo caso las demandas, pase lo que pase en su resultado, le darían a Rafael Correa ventajas políticas además de posibles beneficios económicos.
Estas acciones, de por sí, tienen un efecto directo en la libertad de expresión, porque amedrentan a las personas que dan opiniones o presentan investigaciones a través de cualquier medio de comunicación. Les podrían caer millonarias demandas, y para defenderse incurrirían en ingentes gastos de tiempo y dinero.
Los que escribimos o hablamos en medios debemos ser responsables de lo que expresamos y estar listos a sostenerlo, así como a rectificar si nos equivocamos. Las autoridades, por ejercer servicio público, son sujetos principales de la crítica periodística, y deben aceptarlo. En donde hay libertades, así ocurre; nunca vimos a George Bush enjuiciar a Michael Moore, a pesar de lo mordaz y ofensivo de sus películas.
Los medios de comunicación no deben censurar lo que analistas dicen o escriben, eso acabaría con la libertad de expresión y es precisamente lo que ocurriría si la justicia le diera la razón al Presidente en su demanda contra el periódico guayaquileño; por sensatez económica, los medios tendrían que aprobar todo lo que se publique o diga al aire, cada opinión de colaboradores o entrevistados. ¡Inaceptable!
Son inconsistentes las acciones presidenciales, el libro en que publicaron sus investigaciones Calderón y Zurita solo afirma lo que ya suponíamos, es difícil pensar que el Presidente no estuviera enterado de al menos alguno de los negocios del fraternal empresario. El propio Fabricio lo afirma. Y con el carácter fuerte y autoritario del Presidente, ¿cómo podrían sus ministros no decirle nada sobre contratos negociados con empresas relacionadas con su hermano?
El 30 S fue fatal, molesta tan solo recordarlo, la historia juzgará los sucesos del día en que miembros del ejército y la policía se batieron a balazos. Muchos creemos que el drama se hubiera evitado si se actuaba con prudencia y sensatez. Palacio es rudo y frontal en sus apreciaciones, podemos no concordar con todas ellas, pero defendemos su derecho a expresarlas.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO