Disyuntiva nacional
Existen muy diferentes criterios en el escenario político preelectoral que estamos viviendo con respecto a la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Unos sostienen que como esa máxima expresión democrática no está prevista en la actual Constitución, esta no es siquiera una posibilidad para salir de la crisis política. Los otros arguyen que ninguna Constitución anterior previno la posibilidad de Asambleas y sin embargo, estas se han realizado para salir de circunstancias como la actual. Nadie puede negar la inestabilidad producida a raíz de la destitución e inconstitucional reemplazo de Abdalá Bucaram en enero de 1997; desde entonces, en menos de diez años, hemos tenido siete mandatarios. Tampoco la mediocridad del Congreso porque es evidentemente notoria. ¿Creen realmente los autócratas partidistas que sus representantes pueden realizar las reformas o lo que quieren es impedir a toda costa que estas se realicen? ¿Cuántos son y qué fuerza tienen los que creen que para hacer cambios que nos den una Patria más justa y democrática es necesaria una Asamblea?
En el primer grupo están los principales autores y reformadores de la actual ley suprema. La entonces Nueva Constitución ganó en el referendum de 1978 sobre el proyecto de la de 1945 reformada, en esa ocasión León Febres Cordero propició el voto nulo porque había sido diseñada por Osvaldo Hurtado y otros “cientistas” políticos, y no por una Asamblea Constituyente. Esa carta magna le dio total control de las instituciones del estado a los partidos sin obligarlos a que funcionen democráticamente, lo que ha resultado en excesivo poder para ciertos líderes que se han convertido en verdaderos caciques de la política ecuatoriana. Los principales defensores del sistema actual se pusieron de acuerdo en 1998 para modificar la Constitución con el supuesto objeto de evitar que vuelva a ocurrir otra rotura como la causada con la posesión de Alarcón. Las reformas fortalecieron al caciquismo partidista, implantaron procesos que han vuelto impracticable la elección de importantes funcionarios y establecieron el sistema de “candado” para evitar nuevas reformas.
Los que creen que una Asamblea es fundamental para despartidizar las instituciones de justicia y control, determinar el establecimiento de partidos democráticos y encontrar fórmulas que aseguren una mejor gobernabilidad no piensan igual entre ellos; ni en como convocarla para que no vayan los mismos de siempre, ni si se debe establecer una agenda previa para que la Asamblea no experimente cambios innecesarios que compliquen más nuestra inmadura democracia.
Esta es la disyuntiva nacional, el mantenimiento del “status quo” con partidos enviciados por autocracia o reformas que viabilicen el fortalecimiento democrático del Ecuador. El resultado electoral que se avecina va a indicarnos la correlación de fuerzas entre estos pensamientos. Es necesario que se flexibilicen posiciones antagónicas para que el país modernice su sistema político sin caer en enfrentamientos fútiles que afecten la estabilidad económica de la nación.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO