Reflexión Empresarial
Los ejecutivos de la Occidental Petroleum en la ciudad de Los Ángeles deben estar analizando sus actuaciones en el Ecuador en los últimos cinco años, las que han ocasionado las actuales circunstancias, el peor escenario posible para la empresa norteamericana.
Deben de analizar las diferentes presiones que ejercieron, incluso involucrando al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para lograr del SRI una exoneración del impuesto a las ventas que había aprobado el Congreso ecuatoriano para promover nuevas exportaciones. Según la tenaz defensa de la Sra. Elsa de Mena, anterior directora de ese organismo, esa ley nunca tuvo la intención de beneficiar a los petroleros, ésta no estaba estipulada en los contratos que regían la relación con ellos y el reclamo de la Oxy incluía deducciones no contempladas en la ley de marras. La obstinada insistencia de la empresa por aprovechar exoneraciones fiscales a las que se creía con derecho, utilizando aún instancias internacionales para un asunto de impuestos nacionales, sin duda minó tremendamente la buena voluntad de muchos ecuatorianos para con ella. Otros exportadores que tienen más sólidos derechos y conflictos con el SRI para acogerse a ellos, no tienen estas opciones.
Hace tres años, al comenzar la subida del precio del petróleo, se hizo evidente una terrible falencia en los contratos de participación entre las petroleras y el estado; no se contemplaban cambios en la relación si el precio subía, aunque sí contemplaban protecciones para las empresas si bajaba. Grave injusticia para el dueño del hidrocarburo, cometida por irresponsabilidad o mala fe de las autoridades que los negociaron. En países como los Estados Unidos, donde rige la ley común, este problema se hubiera solucionado en las cortes judiciales aplicando justicia y equidad. Cuando hay lesión enorme para una de las partes, el contrato se nulifica y éstas deben de renegociar uno nuevo. En el Ecuador tenemos un sistema legalista y el daño solo se reparaba con buena voluntad de las partes o con reformas legales. Éstas han sido necesarias para iniciar la renegociación de nuevos contratos, al menos con las otras empresas, que también tienen acuerdos de explotación petrolera. Occidental se opuso a estos cambios, utilizando veladas amenazas de suspensión de la negociación del TLC e indiscretos influenciadores locales y extranjeros. Esto tampoco ayudo a la imagen de la Oxy.
Cuando se denunció el traspaso de derechos a terceros sin la previa aprobación del estado, la empresa debió cambiar su actitud prepotente, la falla administrativa era causal de caducidad en el contrato. No sucedió así, insistieron en obtener exoneraciones fiscales a pesar del dudoso derecho y entorpecieron la negociación de contratos justos que consideren los enormes aumentos de precios. Estas actitudes no ayudaron a alcanzar una justa transacción. La imagen negativa que la empresa se forjó, a pesar del buen manejo ecológico y cumplimiento del pago del impuesto a la renta, hicieron que para el gobierno, la declaratoria de caducidad sin transacciones, significara un fortalecimiento político que no podía desaprovechar. Como dijo el Embajador Gallegos en CNN, la actitud de la empresa es todo un caso de estudio para Harvard Business School.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO