Justicia empantanada
Mientras los partidos de oposición no logren una mayoría parlamentaria, es difícil la instauración de una Corte Suprema de Justicia calificada, despartidizada, independiente de las otras funciones y respetuosa de la Constitución y las leyes. Ante esto, otra alternativa es que el Congreso acoja la consulta presidencial, con algunas mejoras necesarias, junto al cese inmediato de la actual ilegitima Corte y una ágil determinación de los nuevos y definitivos miembros.
Nunca vamos a estar todos de acuerdo en la manera de conformar una Corte con los mejores jueces, no sometidos a ningún caciquismo político, por eso, creo que debemos de considerar la alternativa de la pregunta planteada por el Presidente, en la que la mayoría podemos estar de acuerdo y sus resultados puedan ser concluyentes. Hay aspectos en la consulta del gobierno que proponen la despartidización de la justicia y su estabilidad constitucional, que es lo que la sociedad civil y gran parte de la oposición política desean. Hay otros que son discutibles y que el Congreso debería mejorar.
Estoy convencido de que hombres y mujeres, cuando llegan a los setenta y cinco años, están en la flor de la edad madura, por lo que no es lógico desperdiciar preclaras mentes, cuando están más cerca, por sus canas, de la sabiduría. No estoy de acuerdo en involucrar a tantas personas en el Colegio Electoral, y menos aún en que se incluya en él a entidades como la U.N.E., que mantiene una terrible mediocridad en la educación ecuatoriana, dificultando la competitividad y el desarrollo nacional. Es más, creo que luego de una inicial y única designación a través del Colegio Electoral, el sistema de nombramiento de jueces debería ser por cooptación, como lo dispone la Constitución vigente. Considero que dieciséis miembros en la Suprema Corte serían todavía demasiados, ya que en la nueva ley orgánica funcional del sistema judicial tienen que contemplarse jueces alternos y disminuirse los casos que lleguen a la más alta instancia. No parece conveniente que en la Función Judicial se considere cesar a sus magistrados a través de consulta popular, porque esto los expondría a presiones y enfrentamientos políticos. En fin, el proyecto presidencial es perfectible y debemos reconocer que el resultado que persigue, es el mismo por el que clama la ciudadanía.
Algo en lo que no cabe discusión es el cese inmediato de la actual espuria Corte, aquella que el juez conocido como “Pichi” Castro se ha encargado de acabar de descalificarla. Es cínico y vergonzoso que en vez de acometer contra la verdadera y descarada corrupción que nos embarra, se dedique a una despiadada persecución al General José Gallardo, uno de los ecuatorianos contemporáneos dignos de admiración, por su patriotismo y su dedicación al enaltecimiento de nuestras Fuerzas Armadas.
No hay necesidad de vacancias judiciales, basta con una Suprema provisional con poderes limitados, conformada por miembros de las Cortes Superiores. Así, convocando a consulta en cuarenta y cinco días, si el resultado es positivo, en noventa días podríamos inaugurar una nueva etapa para la función judicial.
Suena simple y hasta utópico, pero con diálogo democrático y transparente, el gobierno y la oposición política pueden y deben, encontrar el camino para salir de la crisis y desempantanar de una vez por todas a la justicia ecuatoriana.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO