Energía y Competitividad
En un artículo anterior me referí al efecto emigratorio que se está produciendo en el Ecuador por la falta de trabajo que ha su vez es causado por lo poco atractivo que es nuestro país a nuevas inversiones, nacionales o extranjeras.
Una de las causas principales que nos pone en desventaja con respecto a otros países de la región y del mundo es el altísimo costo de la energía, especialmente la eléctrica, que es más cara, no sólo que la de otras naciones en desarrollo, sino aún que la de naciones industrializadas. Lo paradójico es que hemos sido beneficiados por la naturaleza con muchas fuentes de energía hidráulica que pueden producir electricidad más barata y menos contaminante que las alternativas térmicas.
En la década de los setenta cuando comenzó la explotación petrolera en el Oriente, se inició la construcción de los proyectos Pisayambo, Paute y Agoyán y que, junto a Mazar, San Francisco, Toachi-Pilatón, Jubones y otros, debía proveernos de electricidad barata que nos permitiera no sólo abastecernos de suficiente energía sino también exportarla a Perú y Colombia. Sin embargo, por irresponsabilidad de unos gobiernos y luego por la tendencia política de evitar que el Estado invierta en proyectos de desarrollo como son los hidroeléctricos, el único proyecto de energía hidráulica en los últimos veinte años ha sido el de generación en la presa de riego de Daule-Peripa.
¡Ya basta de tanto descuido estatal que nos provoca dependencia de ineficientes plantas térmicas! El estado tiene que ejecutar los proyectos hidroeléctricos de Mazar y San Francisco sin más demoras. Los dos son etapas inconclusas de los sistemas hídricos de Paute y Agoyán, respectivamente, y si se hubieran ejecutado hace quince años como estuvo planificado, el país no tuviera la tremenda falta de competitividad energética que ahuyenta a las inversiones tan necesarias para el progreso del pueblo y de la nación ecuatoriana.
Si las necesidades financieras de los proyectos necesitan garantías estatales, éstas deben otorgarse sólo en la medida en que el estado sea el dueño de las empresas, como lo es en el caso de las promotoras de los proyectos mencionados. Asimismo, no cabe por obvias razones que el estado garantice la compra y el pago de electricidad en casos de proyectos privados que deben justificarse en base a costos competitivos. De hecho, la nueva planta de generación eléctrica utilizando el gas del Golfo de Guayaquil, en la provincia de El Oro, ha sido construida con fondos privados y sin requerir ningún compromiso estatal.
Los proyectos hidroeléctricos de gran envergadura son una prioridad nacional porque la energía que generan tiene un costo bajo y no producen contaminación. El gobierno tiene que demostrar su decisión de mejorar los niveles de competitividad de la agricultura y la industria nacionales con una acción decidida en el impulso de estas obras prioritarias.
Dr. Benjamín Rosales Valenezuela
Publicada en: Diario EL COMERCIO