¿Deuda ilegítima?
En el informe de la CAIC se hace un análisis histórico de la deuda que es incompleto y dogmático, pero contiene graves acusaciones que ameritan investigar los procesos de pago y renegociaciones para establecer culpables si los hubiere, entre los negociadores nacionales. Esto, en ningún caso, constituye un justificativo para no cumplir nuestros compromisos crediticios internacionales.
El recuento histórico de la deuda no analiza las causas del crecimiento de la misma, que de alguna manera lo justifican. Esta creció aceleradamente de 1796 millones de dólares en 1977 a 10762 millones en 1987, una década donde hubo bajos precios de petróleo, crecimiento de subsidios populares implantados por el régimen democrático, altos gastos militares por la “herida abierta” con nuestro vecino del sur, descomunal aumento de intereses en el mercado internacional y terribles estragos del fenómeno climático en 1982 que ocasiono una seria crisis en la producción. Los ex Presidentes Osvaldo Hurtado y León Febres Cordero han explicado públicamente las actuaciones de sus gobiernos.
La firma del Convenio de Garantía de Derechos y las negociaciones de las refinanciaciones de la deuda en Bonos Brady y luego Global son denunciados por la Comisión como perjudiciales para el país, sosteniendo además que hubo manipulación en la fase pre-contractual. Para realizar un análisis objetivo es necesario comparar estos procesos con los realizados por otros países latinoamericanos, pues el Ecuador no fue el único que debió renegociar. Así conoceremos si los términos conseguidos por Ecuador fueron iguales o mejores y si estos no son los casos, se deberá investigar las razones y buscar si existieron beneficios personales para los negociadores.
Las conclusiones de la Comisión son demasiado generales y pocos elementos concretos y técnicos tendrá el fiscal al investigar las denuncias presentadas para establecer responsabilidades. De haberlas, se deberá castigar a los culpables que negociaron en nombre del país, pero estos no son motivos suficientes para que se reconozca internacionalmente como ilegal o ilegítima a la deuda pública ecuatoriana.
¿Será que el trabajo de la CAIC ha servido solo como cortina de humo para que el gobierno lance un nuevo amague de no pago? ¿Se justificaría este si el estado se beneficia con recompra a la baja? Si por lo contrario, la posición del gobierno es desconocer la deuda unilateralmente, el futuro crediticio del estado tendría graves dificultades, precisamente cuando en esta época de bajos precios petroleros se hace necesario tener opciones de crédito disponibles. Este seria otro disparo en el pie del gobierno ecuatoriano, emulando la calificación que hizo el Canciller Amorim a la intención nacional de anulación de una deuda con el BNDES Brasilero.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO