Desbarajuste Judicial
Hace diez días se desato un nuevo capítulo de la verdadera tragicomedia que vive el sistema judicial desde hace casi una década. Un juez de menor jerarquía destituyó, nada menos que al Presidente del Consejo de la Judicatura, el organismo llamado a seleccionar y nombrar jueces, controlar el buen funcionamiento de la justicia, proponer y ejecutar mejoras al sistema. Algo insólito, que sorprende incluso a quienes no somos expertos en leyes. Para ponerlo en términos castrenses, ¿Cómo podría un teniente destituir a un general?
Al inicio de este nuevo escándalo, parecía que la descabellada acción del juez Coba tenía la aquiescencia del gobierno nacional, pues este actuó después que el Presidente Correa se manifestara contra el principal del CJ en una de sus diatribas semanales, y la policía, que responde al ministro del ramo, llegó a impedir que Benjamín Cevallos asista a su despacho. Parece que finalmente hubo reflexión y se rectificaron las aparentes intenciones gubernamentales, no solo por que el fiscal general y amigo del Presidente pidiera públicamente respeto para la autonomía de la Función Judicial, sino que la burda acción de Coba, de ser apoyada por el ejecutivo, restaría credibilidad a este y pudiera sentar un nefasto precedente: que cualquier juez pueda destituir a autoridades superiores, aún al propio Presidente.
Siendo penoso, debemos recordar otro desafuero jurídico ocurrido hace cuatro años, un Consejo Electoral destituyó a diputados legalmente elegidos porque no eran obsecuentes con el poder ejecutivo. Esta falta de respeto a los poderes constituidos, jerarquías e instituciones democráticas, debilitan al Estado, afectan la credibilidad internacional del Ecuador y perjudican la seguridad y desarrollo socio-político de nuestros ciudadanos.
Con la promulgación de los resultados electorales y la designación de los tres integrantes del especial Consejo de Judicatura, como dispone la consulta, entraremos en un nuevo proceso de transformación del sistema judicial. Debemos esperar, aunque no estemos de acuerdo con la excesiva influencia gubernamental en la conformación del poderoso organismo, que los responsables de esta renovación sean ciudadanos probos que asuman el reto con independencia, valentía y decisión. Dos intentos anteriores, en esta etapa democrática, de mejorar el sistema judicial, fracasaron porque caudillos o grupos políticos impusieron nombres sobre principios, con el afán de influenciar sobre estos y manipular la justicia.
Muchos, incluso algunos asambleístas, creen que el régimen busca controlar al CJ de transición para consolidar la su intervención en la justicia. De ser ese el caso, este será un nuevo fracaso de nuestra nación, que necesita un sistema confiable de justicia.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO