Demagogía parlamentaria
En un acto de increíble irresponsabilidad fiscal, social y económica, el Congreso Nacional acaba de aprobar una ley de Fijación de Pensiones Jubilares Mínimas. Esta dispone que ningún jubilado ni beneficiario de montepío del IESS reciba menos que la remuneración básica unificada mínima de un trabajador en general, sin importar el número de aportes que el trabajador haya realizado. Además del problema fiscal que le causa esta ley al gobierno, por el porcentaje del aumento que le tocaría asumir, la ley atenta contra el futuro del mismo sistema de seguridad social y la economía nacional.
Es verdad que nuestros jubilados y pensionistas han sido maltratados por el IESS, cuyos directivos han retrasado decisiones sobre obligatorios aumentos. Según esos funcionarios, el problema es que aún no están los cálculos actuariales debidamente auditados, lo que les permitiría tomar decisiones técnicas y adecuadas a la realidad. A pesar de ello aprobaron un retroactivo y, en términos porcentuales, generoso aumento, ante el valiente y frontal enfrentamiento de los afectados. Cuando era de esperarse que los jubilados celebren este aumento, que en los niveles inferiores supera el 250%, seguramente engrandecidos por la excesiva exposición periodística, continuaron su protesta y se presentaron al Congreso donde éste tomó la insólita y demagógica decisión.
El Congreso no ha cumplido con el mandato constitucional de estudiar y aprobar leyes para la modernización y reorganización del Instituto de Seguridad Social, así como tampoco ha hecho su trabajo con leyes fundamentales, como la Ley Orgánica de la Función Judicial o la Ley de Hidrocarburos, ni ha emprendido necesarias reformas a las leyes laborales, electorales y muchas otras importantes tareas legislativas que están pendientes y cuya demora afectan el desarrollo y bienestar nacional. Sin embargo, a la primera oportunidad de quedar bien con un grupo de electores, de una manera desaprensiva, antitécnica y súbita, los congresistas pretenden repartir recursos que no existen, sin proporcionalidad y sin pensar en las futuras generaciones de pensionistas, cuyos fondos deben de empezar a capitalizarse debidamente.
Terrible circunstancia tenemos los ecuatorianos: una combinación de gobierno débil, moral y políticamente, y un congreso irresponsable y mordaz, que aprueba leyes para afectar aún más la apocada imagen de un Presidente que, si tiene algo de responsabilidad, deberá vetarlas. Es evidente la incapacidad de algunos funcionarios públicos para cumplir cabalmente su función, pero también la actitud irreflexiva de ciertos periodistas que conspiran contra una racional orientación de la opinión pública.
Así no se hace país. ¿De qué competitividad podemos hablar? ¿De qué inversión nacional o extranjera? Sólo tendremos buen futuro como país si los principales actores públicos y políticos trabajamos juntos para solucionar los problemas que impiden nuestro desarrollo. Los altos costos energéticos, laborales, los problemas de seguridad, justicia, educación, salud y previsión social deben ser resueltos con un esfuerzo conjunto y serio de los Poderes del Estado y no con acciones fútiles del Congreso Nacional.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO