Corrupción y Subdesarrollo
Observando lo que ha sucedido en el pasado y lo que nos está pasando en las modernas sociedades latinoamericanas, se puede filosofar sobre una teoría socioeconómica que relacione inversamente un alto nivel de corrupción con una nación de progreso y desarrollo social y económico; es decir, a mayor corrupción, menor desarrollo. Hay países, como Haití, en que este círculo vicioso se ha enraizado profundamente desde los mismos inicios republicanos. Haití es uno de los países más corruptos del mundo y ha llegado a convertirse en uno de los países más subdesarrollados. La gran nación argentina, una de las sociedades más ricas del mundo en la década de los treinta, ha retrocedido ostensiblemente en su nivel económico frente al concierto mundial; desde entonces, para muchos analistas, la corrupción de gobiernos populistas y de dictaduras militares, que han sido predominantes en la historia de ese país en los últimos setenta años, ha sido la principal causa del descalabro.
En cambio, en otros países como España, Chile y Costa Rica, donde los estados han hecho esfuerzos importantes dedicando recursos para robustecer al sistema educativo, a la función judicial, a la policía y a los organismos de control estatal, los niveles de corrupción han disminuido considerablemente. No por coincidencia en esos países las economías han progresado, los niveles de subempleo han decrecido y el desarrollo social es evidente. Son naciones atractivas para los inversionistas nacionales y extranjeros, la seguridad interna permite el desarrollo del turismo, los sistemas judiciales y legislativos son confiables y estables, y los políticos se afanan por servir a la mayoría de los ciudadanos y no a los intereses personales o de grupo.
En nuestro país, durante los últimos años, los niveles de corrupción han venido creciendo y este terrible cáncer viene corroyendo todos los estamentos de la sociedad. Podríamos decir con preocupación que nos estamos acercando a lo que el autor argentino Mariano Grondona define como un “estado de corrupción”. No es que únicamente existan acciones de corrupción aisladas en pocas instituciones públicas o privadas; la corrupción afecta a casi todas las instituciones nacionales y esto está afectando directamente al desarrollo del país. Ciertamente, importantes excepciones existen en el plano individual: muchos ecuatorianos tenemos los conceptos claros sobre lo que está bien o está mal. El problema radica en que algunos no han captado la necesidad de luchar tenaz y frontalmente contra este mal que corroe a la Patria. Para esto, es necesario investigar fehacientemente acciones sospechosas que implican indicios de corrupción. No debemos flexibilizar conceptos ni encontrar excepciones legales en reglamentos especiales o decretos emergentes para contratar bienes o servicios. Peor aún, mirar al otro lado cuando se denuncian hechos sospechosos de corrupción ni, en general, pensar o asumir que el problema de corrupción es secundario y que no amenaza a todo intento de desarrollo que se realiza en el país.
Todos los esfuerzos que se realizan para combatir la corrupción son loables y deben ser fortalecidos. Por eso debemos resaltar las acciones de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y de su Presidente, el Dr. Ramiro Larrea Santos. La Comisión recepta denuncias, las investiga y, si amerita, las presenta a la opinión pública del país, a las autoridades y al sistema judicial para que sean debidamente encausadas. Para luchar con efectividad contra el subdesarrollo y la corrupción esta institución debe fortalecerse aumentando su capacidad investigadora y ampliando sus atribuciones. Debe dársele la responsabilidad de actuar como fiscalía especial ante los juzgados donde se presentan las acusaciones respectivas.
Debido a que los daños que ocasiona la corrupción, especialmente cuando ésta queda impune, son tan graves para la moral y afectan tan gravemente al afán de progreso de nuestro condolido pueblo, el frontal ataque a esta calamidad debe ser responsabilidad de todos y no sólo de la Comisión mentada. Los medios de comunicación tienen un papel preponderante en esta lucha; los educadores, una gran responsabilidad con las jóvenes generaciones; los líderes de todas las instituciones públicas o privadas tienen que dar ejemplo de honradez y frugalidad a sus subalternos; pero sobretodo, la máxima autoridad del país, el Presidente de la Nación, no sólo debe tener una conducta intachable digna de emular por sus conciudadanos, sino que debe impulsar las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables de acciones ilícitas y perjudiciales al país. El sistema judicial, por su lado, debe ser implacable en el castigo a los culpables, para que los riesgos de delinquir sean tan grandes y graves que disuadan a los malos ecuatorianos, que buscan enriquecerse a través de actos de corrupción, de llevar a cabo sus fechorías. Luchar frontalmente contra la corrupción es luchar contra el subdesarrollo, contra la pobreza y el hambre del pueblo.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EXPRESO