Helicópteros fantasmas
Gracias a la investigación llevada a cabo por el Señor Contralor Corral sobre el negocio entre la compañía intermediaria Panamerican Organization Properties (POP) y la Junta de Defensa Nacional (JDN) por dos helicópteros marca Bell equipados con aparatos militares sofisticados, sabemos que la intermediaria convino con los fabricantes de éstos un pago total de 23.8 millones de dólares. Y podemos vislumbrar más claramente la forma como se ha producido este escandaloso perjuicio que indigna y avergüenza a los ecuatorianos.
En junio de 1997, con la excusa de urgencia por la entonces inminencia de un conflicto armado con el Perú, la Armada Nacional impulsa un proceso de adquisición, firma contrato y anticipa un primer pago de 10.7 millones de dólares por dos helicópteros especiales que operarían desde las plataformas de las fragatas de la institución, sin cumplir las leyes y reglamentos que rigen para este tipo de transacción. Quince meses después, se inspecciona el primer aparato y se gestiona un segundo pago de 7.16 millones de dólares, que se retrasa tres meses hasta enero de 1999 por las dificultades económicas que afectaban al país.
Para entonces se había abonado más de la mitad del contrato por 35 millones de dólares entre la JDN y POP, y debía entregarse al menos uno de los famosos helicópteros. Sin embargo, según las averiguaciones de la Contraloría, la intermediaria POP sólo abono a los fabricantes de los dos aparatos 9.2 millones de dólares de un valor total de 23.8 millones en que había pactado la compra de las dos unidades. Esto quiere decir que la intermediaria estaba reservando para sus gastos, utilidad, etc., de los primeros dos pagos recibidos de los ecuatorianos, 8.7 millones de un total de 11.2 millones que planificaba ganar. ¡Cerca del treinta por ciento de margen de utilidad bruta en un negocio de ese tamaño! ¡Se nota que no hubo competencia!
POP había recibido la mitad del monto del contrato, pero sólo canceló a los fabricantes algo más del veintiseis por ciento del total del mismo. Se quedó en cambio, con más del setenta y siete por ciento del inmenso monto que representaban su utilidad y gastos. Cuando la situación económica en el Ecuador se complicó, la JDN se quedó sin garantías por la quiebra de los bancos Finagro y Progreso y no pudo completar el saldo pendiente del contrato. Comenzó entonces un tira y jala que todavía no acaba por resolver este entuerto. La POP debió al menos cancelar el saldo de uno de los helicópteros a los fabricantes y entregarlo a la Junta de Defensa Nacional.
Seguramente los 8.7 millones con que se quedó el intermediario para ese entonces ya se habían evaporado. ¡Y es ahí en donde esta la punta del ovillo! ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién recibió esa plata? La Contraloría, la Fiscalía, la Cancillería deben conseguir, utilizando todos los medios legales, judiciales y diplomáticos posibles, que el Banco en los Estados Unidos donde fueron depositados los pagos entregue los detalles de los egresos de la cuenta de POP. Con esa información se puede dilucidar a dónde o a quiénes fueron a dar esos millones de dólares.
Ojalá sea este nuevo tremendo caso de corrupción una oportunidad más para descubrir cómo y quiénes se llevan la plata del pueblo. Pero, por amor al país, ¡que se castigue a los culpables! Con un poco de esfuerzo y buena voluntad se puede obtener pruebas con las que se debería recuperar al menos parte de los millones desembolsados y desenmascarar a los tramposos sinvergüenzas que han protagonizado este escándalo. Las propias Fuerzas Armadas deben, para recuperar su alicaído prestigio y volver a ser el ejemplo que nuestro país necesita, impulsar la investigación. Al mismo tiempo deben fortalecer las Inspectorías de sus tres ramas y revisar procedimientos para evitar que estos atracos se vuelvan a producir. El país necesita una actitud firme y decidida por parte de todas sus instituciones y sus hombres de bien para enfrentar con éxito al monstruo de la corrupción.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EXPRESO