Fuerza Pública y Estado
La Comisión del Congreso Nacional que estudia posibles reformas constitucionales tiene conformados varios grupos de trabajo que analizan diferentes temas. Uno de ellos estudia los cambios que deben hacerse en nuestra carta política para modernizar la relación entre la fuerza pública, la sociedad civil y el estado ecuatoriano.
Son muy importantes las consideraciones que ha hecho este grupo de trabajo a la Comisión. Los conceptos sobre seguridad nacional que prevalecieron en la década de los setenta no son ahora valederos. Muchos de nuestros vecinos, inclusive aquellos que lideraron la implantación de los sistemas de seguridad nacional en sus estados, ya han actualizado sus cartas constitucionales supeditando, completamente y en toda circunstancia, la fuerza pública a la autoridad civil. El Ecuador también debe hacerlo como ha sido propuesto por dicho grupo.
El grupo de trabajo liderado por la Dra. Bertha García ha querido resaltar la definición y unidad de la fuerza pública que la conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo tengo una importante sugerencia que hacer: deben integrarse en la Constitución, como parte de la Fuerza Pública, a policías regionales que ya existen como son la Comisión de Tránsito del Guayas y Policías Metropolitanas que, por necesidad de seguridad ciudadana, por exigencia de sus habitantes y homologando a las ciudades más seguras del mundo, los grandes municipios ecuatorianos deberán establecer.
El grupo de trabajo de marras también ha considerado importante que se respete a los militares el derecho que tiene todo ciudadano ecuatoriano de ejercer el voto. Este es un tema del que se ha opinado mucho en los últimos días, considerando algunos analistas que concederles este derecho involucraría a las Fuerzas Armadas en la lucha partidista y en la política activa. Yo creo que respetarles este importante derecho no afecta las disposiciones legales que prohíben que los miembros de la fuerza pública participen en campañas políticas; sería parecido a lo que sucede con las y los religiosos católicos, que ejercen su derecho y obligación como ecuatorianos de votar en las elecciones, pero obedecen los cánones eclesiásticos que les impiden ser actores políticos activos. Es verdad que aún en la iglesia católica suceden excepciones, pero éstas generalmente no son convenientes y pudieran ocurrir así no tuvieran los sacerdotes y las religiosas el derecho al voto.
Estamos viendo como ahora, sin tener siquiera los militares derecho al voto, su Alto Mando interviene en asuntos políticos y el Ministro de Defensa, interpretando con exceso de liberalidad la ley que lo prohíbe, autoriza a que decenas de miembros activos de las Fuerzas Armadas ocupen cargos públicos de diferentes niveles de la administración. El hecho de que puedan ejercer el derecho que tienen como ciudadanos a votar no obstaculiza a que se cumplan las leyes que les prohíben tomar partido público y dar seguridad a los eventos electorales, tal como respetamos los demás ciudadanos la prohibición de hacer campaña en el recinto electoral los días de los comicios.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO