Estado contra Individuo
El martes pasado vimos en televisión una cadena informativa del gobierno realizada para atacar a un ciudadano que sufrió un accidente de tránsito, y que actuando con responsabilidad y solidaridad cristiana, recogió al herido, lo transportó a un hospital y se hizo cargo de los gastos de su curación. Difícil entender el objetivo de la costosa y reprochable utilización de los medios de comunicación. Se pretende denigrar a quien actúa como honesto caballero, en un país en que la mayoría de conductores, en casos de atropellamiento, huyen sin ayudar a las victimas.
No es la primera vez que el gobierno usa “cadenas informativas” para atacar a periodistas. Carlos Vera primero y Jorge Ortiz después, han sido objeto de agresiones personales en burdos documentales realizados con recursos estatales. Ahora le tocó el turno a Jaime Mantilla, director del diario “Hoy“. El Presidente tendría derecho, aunque se equivoca al hacerlo, a considerar como enemigos personales a quienes critican sus exabruptos e ineptitudes gubernamentales, e incluso a despotricar contra ellos en las vergonzosas diatribas sabatinas, pero no tiene derecho a utilizar recursos estatales, el tiempo de medios y ciudadanos, para atacar y pretender denigrar a ciudadanos por ejercer su libertad de expresión,
Las cadenas nacionales deben ser utilizadas para informar y educar a la ciudadanía sobre temas importantes, como actuar en emergencias por fenómenos naturales, sobre seguridad vial y sanitaria, por ejemplo; seria aceptable incluso, que los gobiernos informen sobre sus objetivos y realizaciones; pero utilizar las cadenas para atacar a personas consideradas opositoras, es totalmente repudiable y abusivo.
Si para algo fuera necesaria una Ley de Comunicación, seria para regular el abuso que se pueda dar en los medios estatales, en la práctica del poder ejecutivo, y en las cadenas nacionales, por parte del gobierno de turno. No es solo porque hay que evitar el abuso contra los derechos humanos de ciudadanos considerados opositores por algún régimen, sino también para que no se utilicen sistemas de comunicación financiados con recursos estatales para realizar campañas políticas de gobernantes, en perjuicio de candidatos opositores en procesos electorales presidenciales, ahora que la constitución permite la reelección inmediata.
Es importante que los asambleístas, que tienen un acuerdo para que la ley en consideración no se convierta en una ley “mordaza”, el cual esperamos que se cumpla, incluyan normas que eviten que el aparato estatal de comunicación abuse de su poder para atacar a individuos que le resultan molestosos. Los medios de comunicación y las cadenas estatales deben informar con ética en beneficio de la ciudadanía en general y los gobernantes deben ser impedidos de usarlos para saciar odios personales.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO