El Tratado de Libre Comercio
A muchos puede no gustarles que el Ecuador firme un tratado comercial de amplia perspectiva con los Estados Unidos. Algunos, por motivos comerciales, por entender que habrá más dificultades que oportunidades en sus particulares actividades y son reacios a las necesarias adaptaciones; otros, por motivos ideológicos que les hacen oponerse a cualquier relación privilegiada con la nación más poderosa de América y del mundo.
Pero la realidad es que ese país es el principal socio comercial del Ecuador, con la notoriedad que tenemos un gran y tradicional superávit comercial en esa relación y que si no llegamos a un acuerdo como el que ya está vigente entre los norteamericanos con Chile, República Dominicana, Centroamérica y desde hace una década con México y Canadá, nos encontraremos en serias dificultades para mantener altas y beneficiosas exportaciones a los Estados Unidos. Más aún, con la negociación de tratados de libre comercio que actualmente realizan nuestros vecinos Colombia y Perú con ese país, sería económicamente desastroso para el Ecuador si no llegamos también a un tratado de libre comercio.
Desde esa perspectiva, resulta bizantina la discusión de si debemos negociar o no ese tratado. El punto es hacerlo de la mejor manera, obteniendo las debidas protecciones para algunos sectores de nuestra producción que, por diferentes razones, son vulnerables a una apertura incondicional de importaciones norteamericanas y también debe incluirse a bienes que se pudieran producir económicamente en nuestro país si existiera la posibilidad de captar al menos una pequeña porción del inmenso mercado consumidor de los Estados Unidos.
El equipo negociador nombrado por el gobierno está conformado por honorables y capaces empresarios y funcionarios públicos, quienes están preparando la posición de negociación ecuatoriana, tomando en cuenta las experiencias de naciones amigas como México, Chile y Costa Rica y, sobretodo, las necesidades de los diferentes sectores de la producción nacional. Para mejorar la comunicación entre el equipo negociador y esos sectores, éstos han nombrado sendas comisiones y un coordinador general que deben representarlos.
Paradójicamente, en donde existe una situación de controversia pública es entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Comisión negociadora, que se disputan el derecho de la aprobación final de la negociación. En efecto, corresponde legalmente al MICIP y su organismo regulador del Comercio, el Comexi, y en última instancia al Presidente de la República aprobar los resultados de la negociación. Para que esto no interfiera ni dificulte el trabajo de la Comisión debe existir una constante comunicación entre las dos entidades. Si se dejan a un lado los afanes de protagonismo personal y se actúa con madurez y patriotismo, este problema quedará fácilmente solucionado, más aún, siendo el Subsecretario de Comercio Exterior miembro del equipo negociador del Tratado.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Pubicado en: Diario EL COMERCIO