Progreso Rural
Lo que la gente de campo de nuestro país, como es lógico y humano, quiere es trabajo y progreso, por eso sorprende la fracasada ideología que domina en el “Anteproyecto de Ley de Tierras”, entregado por SIPAE en Quito y que circula desde el 2 de agosto.
Parece que sus despistados autores no conocen los fracasos económicos que han sufrido países como Perú o China, por aplicar dogmas como la destrucción de empresa privada y comunizar la propiedad de la tierra; y como esas naciones luego han fortalecido y mejorado el bienestar ciudadano, incluso en áreas rurales, con inversión, respeto al derecho propietario, libertad e integración comercial mundial.
Pienso que estos cicateros idealistas tampoco han recorrido el país, ni hace cuarenta o veinte años atrás, ni ahora, pues no se han dado cuenta que en las zonas rurales ecuatorianas en las que ha habido desarrollo agroindustrial, causados por plantaciones de flores, banano, piña, palma, cacao, brócoli, plátano o pastizales, se ve notorio progreso, no solo por la generación de empleos directos, sino de indirectos, en industrias relacionadas con el proceso y transporte que esos bienes agropecuarios requieren para su eficaz comercialización.
Tampoco se han percatado que muchas zonas, afectadas por procesos anteriores de redistribución de tierras, de pequeñas propiedades (menos de tres en la sierra y diez en la costa), son las más empobrecidas, o las que menor desarrollo tienen, y poco propone el proyecto, para emular procesos como el de Salinas en Bolívar, por ejemplo, en donde las comunidades han progresado sustancialmente, gracias a empresas cooperativas agroindustriales y al libre comercio.
Plantea el dañoso proyecto, sandeces como: prohibir o complicar el crecimiento de ciudades rodeadas de zonas agrícolas; limitar el tamaño de propiedades productivas, discriminando contra la inversión extranjera; impedir el aprovechamiento estatal del subsuelo, establecimiento de bases e incluso el patrullaje militar de nuestra fuerzas nacionales en territorios indígenas, cuando estos no lo consientan; prohibir propiedades a extranjeros en zona de frontera, aunque se exceptúa a refugiados, quienes suelen ser campesinos y ex combatientes del vecino del norte; y, garantizar el aislamiento de infelices tribus aún incomunicadas.
El proyecto dispone la expropiación por múltiples causas sin justa compensación, pues aunque estuviere una propiedad endeudada, el inversionista tendrá que pagar la deuda que no cubra el valor recibido por la tierra. ¡Solo la difusión del malhadado proyecto debe haber suspendido planes de inversión, retrasando la necesaria creación de empleo!
Las leyes deben procurar el progreso de los pueblos, este proyecto quiere profundizar causas de pobreza y coartar vías que generan riqueza y bienestar. El gobierno debe manifestarse para limitar el daño ya causado con su sola presentación.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO