El Poder de los Medios
Los acontecimientos que culminaron con la aparatosa caída del gobierno del Coronel Gutiérrez, y la semana pasada con la salida de importantes miembros del gabinete del Dr. Palacio, demuestran el poder que tienen los medios de comunicación en la opinión pública y la política nacional. Lo que digan o dejen de decir o escribir, como y cuanto lo hacen, los reporteros y comentaristas de los poderosos medios incide con fuerza en el quehacer político nacional.
Generalmente los redactores o portavoces que ejercen esta enorme influencia responden a sus conciencias, y lo hacen con buena fe y casi siempre con acertado criterio. Pero en otras, responden a juicios equivocados o peor aún, a intereses particulares que los utilizan y corrompen.
En las últimas semanas se ha distraído la atención del público con lo que parece una cacería de brujas del siglo XVII contra funcionarios del régimen actual que tengan alguna deuda, así sea esta minúscula y con la banca privada en operación. El ensañamiento de algunos periodistas ha causado la renuncia del Ministro de Energía y del Secretario de Comunicación de la Presidencia, dos personas prestigiosas de Quito y Guayaquil, conocidas como honorables, cosa que en nuestro país, es mucho decir; acusados de ser morosos deudores. Algunos continúan escandalizando, en beneficio de los verdaderos sinvergüenzas, por insignificantes saldos pendientes, de otros altos y reputados funcionarios, en cuentas de la Banca privada abierta al público. Como si eso fuera delito que los descalifique.
Que daño tan grande le puede causar el poder de los medios, cuando es mal utilizado, a la honra de respetables ciudadanos. El ejercicio del poder político para las personas honorables y capacitadas dispuestas a sacrificar tiempo y salud al servicio desinteresado de la Patria, se complica. Ahora tendrán también que asumir, al decidir hacerlo, que podrán ser acosados por desaprensivos periodistas sobre cualquier asunto financiero, incluso algún retraso en el pago de la tarjeta de crédito, con intenciones de desacreditarlos.
Es necesario que el poder de la comunicación tenga un riguroso autocontrol, un Código de Ética que imponga respeto a la honra ajena, que obligue a los autores y reporteros un entendimiento claro de las supuestas causas, antes de acusar e incluso juzgar ante la opinión pública, a responsables ciudadanos, de inexistentes delitos. En ese código debe contemplarse que no es conveniente para los intereses de la democracia y del país, la concentración de la propiedad de muchos medios en pocos grupos económicos, y menos aún la evidente utilización de algunos de estos, para la defensa de sus particulares intereses económicos y políticos. Esto también es corrupción, que no puede defenderse tras la noble y liberal doctrina de la libertad de prensa. El código debe sancionar los abusos y el destructivo libertinaje.
Los medios y los periodistas deben de hurgar en los verdaderos atracadores de la economía nacional, que no es difícil encontrarlos, y no dejarse llevar por irreflexivas acusaciones que pueden causar injustas e inconvenientes consecuencias. El gobierno por su parte, debe analizar cada acusación individualmente y dar oportunidad a sus funcionarios de demostrar su honorabilidad, sin que la presión de los medios, en ocasiones equivocada, prejuiciada e improcedente, influya en sus decisiones.
Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Publicado en: Diario EL COMERCIO